lunes, 17 de noviembre de 2008

La homofobia como argumento

Víctor Robles, columnista de la Razón, a quien alguna vez escuché en RPP escribe en La Defensora caviar:
Y cuando pasó por la PCM, Merino negó su conocida opción sexual diciendo que los comentarios al respecto eran “una campaña” en contra de su reputación, mostrando así falta de integridad y de honestidad. Por lo demás, su gestión de gobierno fue opaca

Comentario: El tema viene porque Beatriz Merino, defensora del pueblo desbarató el proyecto de amnistía a cuatro personas so pretexto de amnistía a militares y policías "injustamente procesados", aquí. Mal que hubiera demostrado favoritismo en la gestión pública durante el gobierno de Toledo. Injustificable. Sin embargo, aquí me quisiera ocupar de la idea vertida por el autor de la cita. Resulta ahora que una persona que niega su opción sexual, más aún en una sociedad homofóbica, prejuiciosa, discriminatoria, "muestra así falta de integridad y de honestidad". Por favor.

Si alguien no quiere revelar sus opciones privadas y las niega, tergiversa, disimula o lo que sea, no es un hecho que debería ser motivo de la censura pública, pues se trata, precisamente, de opciones privadas. "Usted mintió sobre su vida sexual, por lo tanto, es una persona deshonesta. Ahora lo publico para desprestigiarlo/a". No es un criterio que se deba dejar pasar. "Oiga, ¿y a usted qué le importa mi vida sexual?". Estamos ante una actitud excluyente, de discriminación, que incide en hechos irrelevantes.

Que una persona cometa favoritismo, nombrando a sus allegados/as en vez de a las personas más capaces, es cuestionable y es legítimo que se sepa y se fiscalice sobre el asunto. Toca distinguir.

En el caso del indulto o amnistía lo que le hubiera tocado al autor de la nota era refutar a la Defensora del Pueblo y explicar cómo así tal medida no sólo beneficiaba a cuatro personas, sino documentar a cuántos militares y policías más beneficiaba y en qué circunstancias. Por ejemplo, dice el autor:
En segundo lugar, sabe bien que muchos militares están acusados injustamente, sin pruebas ni testimonios que los inculpen, ante la absoluta indiferencia de la Defensoría del Pueblo.

Hay además acusados que están presos sin sentencia 4,5,6 años, en contra del principio universal de legalidad y del debido proceso, frente la indolencia de Merino y de la Defensoría.
¿Qué casos son esos? ¿Cayara? ¿Accomarca? ¿El Frontón? ¿La Cantuta? Toca documentar lo que se afirma.

Actualización:
Por ejemplo, en este comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de ayer se documenta que de los casos de militares y policías actualmente investigados o procesados judicialmente, 180 responden por delito de desaparición forzada, 166 por asesinato y otras denominaciones del delito contra la vida, incluído el genocidio, 123 por tortura y 33 por delito contra la humanidad. No estamos hablando de delitos de poca monta.

El argumento de autor es algo así como la reciprocidad: "cuando el estado decidió perdonar y olvidar los crímenes cometidos por casi diez mil terroristas, en 1993 y 1994, ahí sí ella y las ONG caviares se callaron la boca. No dijeron ¡horror, no a la impunidad!." Sin embargo, no está demás recordar que "el estado" al cual se refiere, entre 1993 y 1994 no era otra cosa que una dictadura: Fujimori había dado el autogolpe y disuelto el congreso. Mandaba sin fiscalización. Tenía a la prensa comprada por Montesinos. No son hechos de mucha legitimidad. Suena a que lo hicieron para invocarlo ahora y así protegerse a sí mismos. Es lógico que recuperada la democracia y la fiscalización pública la impunidad y arbitrariedad queden atrás.




Comunicado de la CNDDHH

La amnistía o indulto a los militares involucrados en casos tipo Cayara, Accomarca o Putis fue disfrazada de preocupación por sus familias, por los discapacitados, por la defensa del debido proceso. Una vez aclaradas las cosas, los golpes bajos no se dejaron esperar.

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