martes, 28 de octubre de 2008

¿Amnistías de gobernabilidad?

En los países del Cono Sur se dieron amnistías, puntos finales, informes sábatos, jueces guzmanes, etc. Y desde luego marchas y contramarchas, amnistías y reaperturas de casos. Los países vecinos tenían que pasar de la dictadura a la democracia. Las amnistías eran un tema de gobernabilidad. Tenían que dar garantías de no juzgamiento al estamento militar. Fue posteriormente, con la consolidación de la transición democrática, que se reabrieron los casos. Y no sólo el Cono Sur. En España el "borrón y cuenta nueva", duró mucho tiempo. Recién en años recientes se comenzó con "la recuperación de la memoria histórica".

En el Perú las cosas no fueron vistas así, pues en nuestro país la insurgencia fue enfrentada por gobiernos democráticamente electos. Hubo que pasar de la irregularidad fujimontesinista a la normalidad que llamamos democrática, pero el grueso de las violaciones a los derechos humanos se dio en los ochentas. Así, lo que tuvimos fue la CVR con su largo informe. Y el tema se fue quedando en la CVR. Año a año ya se celebra el aniversario de la presentación del informe de la CVR. Sin embargo, la post-guerra insurgente-contrainsurgente no se tiene que agotar en la presentación de ese informe.

En realidad hay un tema que está en el tapete desde hace rato: las amnistías. Parece que en el Perú no tuviéramos un problema de gobernabilidad relacionado a la guerra insurgente-contrainsurgente. Tal vez nos estamos equivocando...

Un congresista aprista ya lo ha planteado, ver Después de Simon, la amnistía. Y se plantea ya a nivel del poder ejecutivo:
Ministro de Defensa propone crear comisión similar a la de padre Lanssiers para evaluar casos de militares
Tenemos el tema en La Razón, por Victor Robles:
Amnistía para la reconciliación
(...)

Una amnistía se impone por equidad porque a partir de 1993 el Estado perdonó y amnistió de hecho a más de diez mil terroristas, en aplicación de las leyes de Arrepentimiento y de Colaboración Eficaz.

Para acogerse a ese beneficio, a los terroristas les bastó con renunciar públicamente a su ideología criminal, quemar la bandera de SL o del MRTA y colaborar con las fuerzas del orden.

Nadie le preguntó a los arrepentidos a cuántos mataste, cuántas bombas detonaste, a cuántas mujeres violaste, a cuántos niños secuestraste. En busca del bien supremo, la paz, el Estado les perdonó todo, y se olvidó todo.

Las ONG caviares no buscan “llegar a la verdad” de aquellos crímenes olvidados porque su “lucha contra la impunidad” vale solo para los uniformados. Es que SL y el MRTA no pagan reparaciones.

Si a más de diez mil terroristas que quisieron instaurar a sangre y fuego una tiranía genocida se les perdonó todo, con mayor razón deben ser amnistiados quienes se equivocaron por salvar la democracia y darnos la paz.

Pero además, a nuestros soldados y policías se les ha acusado falsamente de haber asesinado a ciudadanos civiles de manera indiscriminada, mientras que en el recuento de los hechos realizado en los juicios se ha establecido que no eran inocentes sino activistas o militantes de las organizaciones terroristas.

Una necesidad
Y la amnistía es una necesidad porque es imperioso que los peruanos lleguemos por fin a la reconciliación nacional.

Bastante ya han sufrido las familias de miles de policías y militares perseguidos por acusaciones basadas en falacias. Son ocho años que los padres de esos hogares están presos o perseguidos, con sus propiedades y sus sueldos embargados, sin abogados, abandonados por su propia institución algunos de ellos, como ocurre en el Ejército.

Igual sufrimiento persiste en los hogares de muchos compatriotas que se equivocaron al apostar por el terrorismo, que ahora están arrepentidos de su pasado y que desean una oportunidad para rehacer sus vidas. Veamos el ejemplo de Yehude Simon.

La ex CVR ha fracasado en hallar la verdad y la reconciliación. Cinco años después de su informe final el Perú no ha encontrado la paz del reencuentro entre los hermanos enfrentados, porque aquella ha puesto por delante la venganza disfrazada bajo el slogan “ni olvido, ni perdón” (sólo para los militares).

Por eso la Amnistía debe ser para todos los uniformados y ronderos procesados y perseguidos, y también para los terroristas genuinamente arrepentidos, es decir, para los que estén dispuestos a pedir perdón por sus crímenes, a renunciar a su ideología totalitaria y a cumplir ciertas normas de conducta durante su libertad.

Los terroristas que persisten en su postura fanática y criminal son un peligro para la sociedad, por lo tanto no pueden ser amnistiados.
Este discurso, al parecer, está muy presente en medios militares: "a los terroristas se les perdonó todo en aras de la reconciliación nacional", "en cambio a los militares se les persigue".

Este fragmento va en una dirección parecida:
Así como se ha resaltado las violaciones de derechos humanos debería resaltarse ciertos hechos extraordinarios que van en el sentido opuesto y que deberían contribuir a terminar con otros conflictos presentes y futuros.

Cuando se aplicó la ley del arrepentimiento miles de senderistas se rindieron y tal como fue ofrecido su libertad fue respetada, aquellos mismos militares que han sido acusados de hechos de crueldad extraordinaria (muchas veces exagerados puesto que esas acusaciones fueron efectuadas por sus propios enemigos) respetaron el ofrecimiento que el gobierno dio a los terroristas, a pesar de que entre los amnistiados se encontraban terroristas que habían sido responsables del asesinato de compañeros y amigos de ellos. No se ha reportado nunca el asesinato extrajudicial de un solo senderista que se haya acogido a la ley de arrepentimiento.

Es para ponerse a pensar cómo la sociedad en general y los militares peruanos en particular pudieron ser capaces de perdonar en nombre de la paz y el hecho paradójico de que otras sociedades, organizaciones o gobiernos, que no se vieron envueltos en el conflicto no son capaces de dejar de lado el pasado y ofrecer a los soldados lo mismo que ellos han dado: "la oportunidad de volver a empezar a rehacer sus vidas".

Tiempo de guerra, tiempo de paz de Oswaldo Faverón
Comentario: Tema difícil. Hay principios contradictorios en juego. Por un lado, la reconciliación nacional, el derecho a la reinserción social de los excombatientes, el mirar adelante; por otro lado, la no impunidad de los crímenes, el derecho a saber lo que pasó, el derecho a la indemnización por pérdidas mortales. Es muy difícil establecer la mezcla óptima de estos dos aspectos.

Un ejemplo concreto: Putis. Es el derecho de los militares que cometieron esa atrocidad de rehacer su vida, pero también es el derecho de los familiares de las víctimas a ser indemnizados y arropados por la sociedad peruana. Ninguna fórmula será perfecta, pero sí minimamente tiene que expresar alguna voluntad de justicia. Las víctimas, campesinos pobres, tienen las de perder, pues son gente "desempoderada" y sus derechos no suelen ser respetados (dando también lugar a una serie de intermediarios, no siempre eficientes en la defensa de esos derechos).

Lo más probable es que cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad humana se ponga de lado de los/as campesinos/as masacrados/as y defienda su derecho a las reparaciones como la condena de los perpetradores de tal atrocidad. La reinserción social y el derecho a rehacer su vida vendrán después de recibir un castigo. No antes, no para evitar el castigo. Toca entender la posición de por lo visto muchos militares, pero ellos también tendrán que entender este criterio.

Es rescatable pues es algo, parece ser, cierto que los militares peruanos no han perseguido a los/as exsubversivos/as arrepentidos/as, ni a quienes cumplieron sus condena. En Colombia no ocurrió algo así, por ejemplo. A los de la Unión Patriótica, grupo electoral vinculado a las FARC, que tenían que reinsertarse a la vida civil en cumplimiento de acuerdos de paz de la segunda mitad de la década de los ochentas, los exterminaron grupos paramilitares. El estado colombiano acordó pagarles dinero a los familiares de las víctimas. En el Perú no ha ocurrido algo así. Al comienzo del gobierno de García se habló de publicar "listas negras" de exterroristas, pero no parece haberse cumplido con tal anuncio. El encarcelamiento de Roque González también trajo una preocupación similar. Tocará que lo liberen, esperemos que pronto.

Es rescatable también que este discurso militar dé énfasis a la reconciliación nacional y al perdón a los/as exterroristas que se reinsertan a la vida civil. Es un énfasis que contrasta con lo señalado en otros textos (ver El discurso militar 2), donde se suele señalar que "no puede haber reconciliación con los terroristas" (ver Carta del General Luis Arias Graziani). La paz siempre se hace con el (ex)enemigo, no con el amigo. Otro tanto ocurre con la reconciliación. No es coherente apelar al respeto de la reinserción de los/as exterroristas y a la vez negarse a la reconciliación con ellos/as. La reconciliación, así la entiendo yo, no es que los miembros de los bandos que alguna vez combatieron se vayan a dar un abrazo o vayan a ser amigos/as, sino que se dejen vivir en paz, que no se sigan atacando. Por lo tanto, en realidad sí hay sectores militares que quieren una reconciliación nacional. Una variación sobre posiciones anteriores.

Se advierten señales de lo que podría ser un cambio en el discurso militar. Quedará por ver qué concreción se le da a un esquema de amnistías, que parece que ya se viene preparando.

Actualización: El debate continúa:
Inviable amnistía para criminales
Los congresistas Mercedes Cabanillas (Partido Aprista) y Juan Carlos Eguren (Unidad Nacional) recalcaron ayer que leyes nacionales e internacionales impiden que una ley de amnistía -como la que el congresista aprista Edgar Núñez promueve para militares y policías con procesos judiciales abiertos- beneficie a violadores de derechos humanos.
Sendero Luminoso también está por la amnistía general, ver aquí.

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